Defensoría del Pueblo: barreras administrativas no deben impedir el derecho a una remuneración oportuna en Cusco

Nota de Prensa N° 1497/OCII/DP/2020

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco instó a las entidades públicas que tengan contratados a trabajadoras o trabajadores de nacionalidad extranjera a brindar las facilidades para que se garantice su derecho a una remuneración justa y oportuna, en igualdad de condiciones que el resto del personal.

Este requerimiento se formuló tras tomar conocimiento del caso de dos ciudadanas venezolanas que trabajaron como licenciadas en enfermería dentro del área COVID-19 del Hospital Regional de Cusco, desde agosto hasta octubre del presente año, quienes no lograron efectuar el cobro de sus remuneraciones debido a que las entidades bancarias les exigían la presentación del carné de extranjería para abrir una cuenta de ahorros.

En el caso concreto, se presenta la vulneración del derecho a recibir una remuneración oportuna por parte de toda persona que ha sido contratada para una labor específica, reconocido en la Constitución, la legislación interna y diversos tratados internacionales suscritos por el Perú, como la Convención Internacional para la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

Es importante tener en cuenta que en el marco de la lucha contra el COVID-19, el Estado peruano implementó medidas que permiten la incorporación de profesionales extranjeros al servicio de salud público, generando la necesidad de que el Estado garantice el pleno goce de sus derechos como trabajadores. En tal sentido, las barreras administrativas generan un impacto negativo en la contribución de estos profesionales y se contraponen con las propias medidas adoptadas por el Gobierno.

La intervención de la sede de la Defensoría del Pueblo en Cusco permitió que el área competente del Hospital Regional implemente medidas que viabilizaron el pago de las retribuciones correspondientes por los meses laborados, a las enfermeras.

Al respecto, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en esa región, Rosa Santa Cruz, sostuvo que tanto las instituciones empleadoras como las entidades financieras deben gestionar mecanismos de coordinación que garanticen el derecho a una remuneración justa y oportuna.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso en la defensa y protección de los derechos fundamentales de las personas, especialmente de aquellas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como son los refugiados y migrantes.

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